IU denuncia que los recortes implican el desmantelamiento de la Universidad Pública y profundizan en su mercantilización
Viernes, 27 de abril de 2012
El Área Federal de Educación de IU denuncia el aumento de las tasas académicas en la Universidad Pública entre 500 y 5.000 euros, según las situaciones, junto al incremento de cuatro horas lectivas para el profesorado universitario y la congelación de la oferta de empleo sin posibilidad de realizar ninguna convocatoria de plazas en las Universidades
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, denuncia que los recortes puestos en marcha por el Gobierno del PP en relación a las universidades implican el desmantelamiento progresivo de la Universidad Pública y una profundización de su privatización y mercantilización.
Este último ‘decretazo’, realizado sin ninguna consulta ni contacto previo con las universidades ni con sus legítimos representantes, no solo ahonda en los recortes que viene haciendo el PP desde que gobierna, añadidos a los sufridos en años anteriores durante el Gobierno del PSOE, sino que modifica la estructura del sistema universitario, pues introduce cambios legales que afectan sustancialmente al modelo de universidad como servicio público, sustituyéndolo por un modelo elitista. A la vez, supone una pérdida sustancial de derechos y que miles de profesores y profesoras e investigadores universitarios se vean abocados al desempleo.
El incremento general de las tasas por matrícula implica un retroceso sin precedentes que atenta contra el concepto mismo de universidad pública, en la que debe primar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso de la ciudadanía a la Educación Superior, previsto tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la propia Ley Orgánica de Universidades.
Las matrículas pasarán a costar, como mínimo, un 66% más que hasta ahora, lo que supondrá hasta 540 euros más al año para el estudiante recién llegado, y se elevarán las penalizaciones a los repetidores, que podrían tener que asumir el 100% del coste de una plaza, entre 5.000 y 7.000 euros. Si a ello le sumamos el reciente recorte de 166 millones de euros en el programa de becas y ayudas al estudio en los Presupuestos Generales del Estado 2012, en un futuro cercano la educación superior sólo estará al alcance de quienes puedan pagarla. En efecto, la subida de tasas unida a la reducción de becas constituyen una barrera en el acceso a la Universidad pública para los estudiantes con rentas más bajas, que expulsará a miles de personas del sistema universitario, atentando contra el derecho universal a la educación.
A nadie se le escapa que, con un aumento tan desmesurado de los precios públicos, se acabarán cerrando muchos títulos, sobre todo de Masters, dada la situación económica del país y los bajos salarios de muchas familias, que no se lo podrán permitir.
En Europa, los países con mejores resultados académicos son los que tienen tasas muy bajas, casi de gratuidad total, y que además cuentan con un amplio sistema de becas para sus estudiantes universitarios: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca… Otro grupo de países, con tasas caras, disponen simultáneamente de ayudas importantes en becas y préstamos públicos para los estudiantes. A su vez, el conjunto de países en el que se encontraba el nuestro hasta ahora, proporcionan escasos recursos a las ayudas al estudio, pero mantienen precios reducidos en las tasas de matrícula (Italia o España hasta la llegada del PP con sus brutales recortes).
Respecto a la dedicación del profesorado universitario a tareas docentes y de investigación, el gobierno ha impuesto el aumento de las horas lectivas hasta en un 50% a los profesores investigadores que no tengan sexenios vivos. El profesorado ve así cómo se merman sus condiciones laborales y se le modifica unilateralmente el régimen de dedicación. Todo parece indicar que el verdadero objetivo de esta medida es un aumento de las horas de docencia de la mayor parte del profesorado, lo cual supondrá que no se van a abrir nuevas plazas, por lo que los nuevos docentes/investigadores, que son fundamentales para la renovación del sistema, van a quedar excluidos.
Este enfoque no sólo constituye un golpe demoledor al sistema investigador universitario, sino que convierte la docencia en una categoría secundaria, al convertirla en el “castigo” que se impone a “quienes no investigan”.
El problema añadido es que el PP está en el inicio del inicio de esta contrarreforma universitaria, en lo que ellos denominan ‘kilómetro 0’ de los recortes, como se recoge en el artículo 68.3 de este Decreto, donde se nos advierte de que solo es el comienzo, que los recortes de verdad todavía están por llegar.
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, denuncia que los recortes puestos en marcha por el Gobierno del PP en relación a las universidades implican el desmantelamiento progresivo de la Universidad Pública y una profundización de su privatización y mercantilización.
Este último ‘decretazo’, realizado sin ninguna consulta ni contacto previo con las universidades ni con sus legítimos representantes, no solo ahonda en los recortes que viene haciendo el PP desde que gobierna, añadidos a los sufridos en años anteriores durante el Gobierno del PSOE, sino que modifica la estructura del sistema universitario, pues introduce cambios legales que afectan sustancialmente al modelo de universidad como servicio público, sustituyéndolo por un modelo elitista. A la vez, supone una pérdida sustancial de derechos y que miles de profesores y profesoras e investigadores universitarios se vean abocados al desempleo.
El incremento general de las tasas por matrícula implica un retroceso sin precedentes que atenta contra el concepto mismo de universidad pública, en la que debe primar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso de la ciudadanía a la Educación Superior, previsto tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la propia Ley Orgánica de Universidades.
Las matrículas pasarán a costar, como mínimo, un 66% más que hasta ahora, lo que supondrá hasta 540 euros más al año para el estudiante recién llegado, y se elevarán las penalizaciones a los repetidores, que podrían tener que asumir el 100% del coste de una plaza, entre 5.000 y 7.000 euros. Si a ello le sumamos el reciente recorte de 166 millones de euros en el programa de becas y ayudas al estudio en los Presupuestos Generales del Estado 2012, en un futuro cercano la educación superior sólo estará al alcance de quienes puedan pagarla. En efecto, la subida de tasas unida a la reducción de becas constituyen una barrera en el acceso a la Universidad pública para los estudiantes con rentas más bajas, que expulsará a miles de personas del sistema universitario, atentando contra el derecho universal a la educación.
A nadie se le escapa que, con un aumento tan desmesurado de los precios públicos, se acabarán cerrando muchos títulos, sobre todo de Masters, dada la situación económica del país y los bajos salarios de muchas familias, que no se lo podrán permitir.
En Europa, los países con mejores resultados académicos son los que tienen tasas muy bajas, casi de gratuidad total, y que además cuentan con un amplio sistema de becas para sus estudiantes universitarios: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca… Otro grupo de países, con tasas caras, disponen simultáneamente de ayudas importantes en becas y préstamos públicos para los estudiantes. A su vez, el conjunto de países en el que se encontraba el nuestro hasta ahora, proporcionan escasos recursos a las ayudas al estudio, pero mantienen precios reducidos en las tasas de matrícula (Italia o España hasta la llegada del PP con sus brutales recortes).
Respecto a la dedicación del profesorado universitario a tareas docentes y de investigación, el gobierno ha impuesto el aumento de las horas lectivas hasta en un 50% a los profesores investigadores que no tengan sexenios vivos. El profesorado ve así cómo se merman sus condiciones laborales y se le modifica unilateralmente el régimen de dedicación. Todo parece indicar que el verdadero objetivo de esta medida es un aumento de las horas de docencia de la mayor parte del profesorado, lo cual supondrá que no se van a abrir nuevas plazas, por lo que los nuevos docentes/investigadores, que son fundamentales para la renovación del sistema, van a quedar excluidos.
Este enfoque no sólo constituye un golpe demoledor al sistema investigador universitario, sino que convierte la docencia en una categoría secundaria, al convertirla en el “castigo” que se impone a “quienes no investigan”.
El problema añadido es que el PP está en el inicio del inicio de esta contrarreforma universitaria, en lo que ellos denominan ‘kilómetro 0’ de los recortes, como se recoge en el artículo 68.3 de este Decreto, donde se nos advierte de que solo es el comienzo, que los recortes de verdad todavía están por llegar.
