No ha sido la educación una de
las prioridades fundamentales para los distintos gobiernos de la última etapa
democrática en España. Se tardó mucho en adaptar la legislación educativa a la
nueva Constitución de 1978, catorce años después. Desde entonces ni acuerdos ni
pactos educativos entre las fuerzas políticas que han gobernado. Todo lo
contrario, la educación se ha convertido en un arma arrojadiza, casi siempre de
carácter electoralista, de manera que cada nuevo gobierno venía con su reforma
educativa bajo el brazo. No han entendido nuestros gobernantes de uno y otro
signo que un sistema educativo necesita un tiempo para ser evaluado y valorar
los resultados del mismo. La educación debería haber sido un tema clave para
plasmar aquello del estado social y
democrático de derecho de manera que se garantizase su carácter público,
universal y obligatorio en determinados tramos de edad y sobre todo gratuito.
Asimismo un espacio para el consenso.
Las conquistas en educación, casi
siempre, han venido precedidas de las correspondientes reivindicaciones
plasmadas en el llamado diálogo social y gracias a la participación de la
comunidad educativa, tanto a nivel estatal como autonómico y que después se
plasmaron en las preceptivas leyes. Un hecho importante en el impulso educativo
fue el traspaso de competencias educativas a las comunidades autónomas como lo
fue en el caso de Castilla La Mancha. Estas conquistas se han considerado
derechos por que desarrollan planteamientos y preceptos que recogió la
constitución.
También ha sido una constante el
hecho de que ante cualquier tipo de problema económico se ha recurrido al
recorte en el gasto educativo o a la congelación del salario de los
funcionarios. El gasto educativo español y el de las comunidades autónomas
siempre ha estado lejos del de los
países de nuestro entorno.
Lo que, en materia educativa, está haciendo este gobierno, con la
crisis como pretexto, va más allá de un ajuste de recortes o de políticas
presupuestarias. Las medidas que se están llevando a cabo, y las que se nos
anuncian, van directamente en contra de los derechos y hacia un cambio de
modelo que nada tiene que ver con el que se diseña desde la Constitución.
En Bargas, se ha venido
conformando, no sin esfuerzo, no sin pelea, no sin la correspondiente lucha,
una red de centros y una oferta educativa que, aunque lejos de niveles de
excelencia, venía dando respuestas a los intereses de nuestra localidad y de
otras de la zona. Dos centros públicos de Infantil Primaria, uno privado, los CAIs como centros
de la consejería de Educación y el IES con oferta mínima de formación
profesional constituyen una red mínima desde la que plantear su crecimiento y
la mejora de la oferta educativa que colme las expectativas de las familias, de
los alumnos y de los trabajadores de los centros.
El próximo curso se cumplen 20
años de funcionamiento de IES “Julio Verne”. Supuso, sin lugar a dudas, una
conquista para nuestro pueblo y otros de la zona. Muchos alumnos de Bargas han
podido realizar estudios medios o superiores en la Universidad, otros han
elegido el camino de la formación profesional y otros han optado por
incorporarse al mercado laboral. Sin embargo son todavía muchos los que
abandonan de forma prematura o no consiguen el título de graduado en ESO. Este
es un reto importante.
Lo que el Gobierno de Castilla La Mancha y el Gobierno de la Nación
están haciendo con las medidas que unilateralmente están aplicando es
directamente truncar expectativas, deshacer ilusiones, introducir la
desigualdad y eliminar derechos a los niños y jóvenes de Bargas.
Desde Izquierda Unida de Bargas
recomendamos la lectura de la resolución que a propuesta del claustro de
profesores aprobó el Consejo Escolar del IES “Julio Verne”, está en nuestra
página.
Además de las actuaciones contra
el profesorado y el PAS, absolutamente injustificables, además de los despidos,
el centros tendrá que funcionar con 20 profesores menos que hace dos años y 14
menos que el curso que acaba de terminar, además del desprecio a sus
interlocutores legítimos, además de la falta de rigor y de cualquier tipo de
negociación, además de las torpes justificaciones, se desmantela un servicio
público que debería garantizar el futuro de las personas que viven en Bargas.
Gratuidad de libros, transporte
escolar, supresión de programas educativos, tratamiento a la diversidad sufren
un ataque sin precedentes en nuestra reciente historia.
Sin duda, la medida que permite
de forma más importante la reducción del número de profesores es la del aumento
de la ratio.
Si ya es complicado atender a los
alumnos en un aula en la que están entre 20 o 25 alumnos en la mayoría de los
grupos de ESO, si, el curso próximo tienen que ser 35 o 36 alumnos por grupo,
la conclusión es sencilla: el deterioro de la calidad, de los resultados académicos, de la convivencia está servido. En las aulas
del centro, 36 alumnos de ESO o 40 de bachillerato, sencillamente no caben
físicamente.
Esta agresión hay que pararla, no
se puede consentir la manera de actuar del gobierno de Castilla La Mancha al
negarse a negociar ninguna medida, sin escuchar a nadie y que terminen con la
escuela pública o la conviertan en algo asistencial.
Es un error y una enorme irresponsabilidad que permitamos fisuras entre
colectivos que conforman la comunidad educativa. No es verdad que los
profesores se desentiendan de todo aquello que no les afecta como trabajadores
y que les da igual pues tienen trabajo fijo. La estabilidad del profesorado es
calidad para el sistema. De la misma manera, no es verdad que a las familias
les dé igual la aplicación de estas medidas y que no se movilizan. Es el futuro
de nuestros hijos el que está en juego y una mayoría de padres apoyan las
reivindicaciones por el servicio público educativo.
Este es un problema que tenemos
que resolver entre todos, sin reservas ni recelos, padres, madres, alumnos
profesoras y profesores, PAS, e instituciones como el Ayuntamiento tienen que
ser una piña y no entrar en el juego del Gobierno regional que felicita a quien
se conforma y ningunea a quienes se movilizan.
Izquierda Unida ha solicitado la
reunión urgente del Consejo Escolar Municipal para tratar todos estos temas y
perfilar las medidas y actuaciones inmediatas y las que tomar de cara al
principio de curso.
Asimismo, hacemos un llamamiento
a todos los colectivos y asociaciones de Bargas, Olías y Magán, APAs, profesores, jóvenes,
asociaciones culturales, deportivas, ect, para iniciar el proceso que culmine
en la creación de una plataforma por la defensa de una escuela pública de
calidad.
